EL NUEVO HERALD
POR: BRENDA MEDINA Y DOUGLAS HANKS
Días después de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos y amenazara con retener fondos federales destinados a las ciudades que ofrecieran “santuario” a los inmigrantes indocumentados –o sea, que no los retuvieran en la cárcel para entregarlos a la policía de inmigración– el alcalde Carlos Giménez ordenó que las cárceles de Miami-Dade cumplieran con las solicitudes federales de detención.
En ese entonces, Giménez dijo que la medida prevendría que el condado perdiera fondos federales. Unos meses después, el Secretario de Justicia Jeff Sessions visitó Miami para celebrar que el condado “ya no era santuario” y prometió “más dinero para luchar contra los delitos”.
Pero la decisión de Giménez no parece haber beneficiado financieramente a Miami-Dade de manera significativa. De hecho, un nuevo reporte argumenta que la medida ha costado millones de dólares a los contribuyentes, ha aumentado la población diaria de las cárceles y ha provocado que los detenidos permanezcan encerrados por más tiempo, aunque tengan el derecho de salir bajo fianza. Mientras tanto, el condado no ha recibido más fondos federales que otras ciudades que se opusieron a retener inmigrantes en sus cárceles.
Un análisis elaborado por grupos activistas con datos proporcionados por el condado, concluyó que Miami-Dade gastó $12.5 millones para retener a cientos de inmigrantes indocumentados en las cárceles locales en el 2017.
El análisis titulado El costo de la complicidad, realizado por el Community Justice Project, la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) y la organización de Homestead WeCount!, concluye que el costo para los contribuyentes es mucho más alto que los estimados oficiales. El condado declaró que tuvo un gasto de $50,000 por cuatro meses de retenciones.
Los autores del análisis dijeron que la discrepancia se debe a que el condado sólo se enfoca en las 48 horas que deben retener en la cárcel a una persona indocumentada hasta tanto los agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) se la llevan detenida. Sin embargo, la cifra oficial no toma en cuenta todos los días que los detenidos permanecen en la cárcel, a un costo de $230 por día por persona.
En el año desde que Giménez ordenara la medida, 966 indocumentados han sido retenidos y 436 de ellos han sido entregados a ICE, unos por delitos graves y otros tras cometer delitos que en otras circunstancias solo ameritarían una multa y no encarcelamiento, según el análisis.
“Tras la implementación de la política Giménez-Trump, el promedio de la población diaria de reos en el condado Miami-Dade se incrementó por primera vez en ocho años, aunque la cantidad de arrestos ha bajado”, dice el reporte. Según el análisis, la cantidad promedio de días que un detenido permanece en la cárcel en Miami-Dade es 33, pero entre las personas que tienen orden de retención por inmigración, el promedio es 89 días.
El reporte dice que, al aplicar las retenciones, el condado “ha provocado un drástico incremento del tiempo que los reos indocumentados permanecen en custodia por varias razones”. Entre estas, que los detenidos no puedan pagar fianza, ya que a los indocumentados les exigen saldar el costo total y no un porcentaje de la fianza. Algunos prefieren no pagar la fianza porque saben que saldrían de la cárcel local hacia un centro de detención de inmigración.
“En lugar de enfocarse solamente en el costo de retener a los reos por 48 horas, el análisis debe expandirse para tomar en cuenta el costo de la estadía prolongada en cárceles locales”, dice el reporte.
Giménez calificó el informe de “tonterías” y citó un análisis del Departamento de Prisiones de Miami-Dade que dice que sólo el 30 por ciento de los detenidos que fueron entregados a ICE, fueron arrestados tras cometer un delito por primera vez. En contraste, el reporte de los grupos activistas dice que esta cifra asciende a 98 por ciento.
Los activistas respondieron que utilizaron las cifras proporcionadas por el propio condado. El martes, el Departamento de Prisiones dijo al Miami Herald que las cifras del condado están incorrectas –el numero correcto es 32 por ciento– y que publicarían una actualización.
El condado también dijo que los grupos activistas utilizaron datos viejos sobre el costo de las detenciones. “Tiene una base ideológica”, dijo Giménez sobre el informe.
Los activistas dijeron que la intención del reporte es demostrar que se “está malgastando dinero público” en retener en la cárcel a personas que “no representan un amenaza” para la comunidad.
“Giménez sacrificó a los inmigrantes sin recibir ningún beneficio a cambio, y a un costo de $13 millones”, dijo Elizabeth Fernández, directora de comunicaciones de FLIC.
La medida que el condado implementó en enero del 2017 revirtió una decisión del 2013 que, en ese momento, terminó con la práctica del Condado de retener a las personas para entregarlas a las autoridades de inmigración. En ese entonces funcionarios condales se quejaron de que el gobierno federal no reembolsaba los costos de mantener a los inmigrantes.
El mes pasado el condado envió por primera vez la factura al gobierno federal por la retención de presos indocumentados durante el 2017, pero cobró solamente el 50 por ciento del dinero. El costo total por cuatro meses fue $50,000 pero la factura al gobierno federal fue de $25,000. Según los funcionarios condales, esto se debe a un acuerdo del 2014 de solo cobrar $113 por día por inmigrante retenido, aunque el costo para Miami-Dade es el doble.