EL NUEVO HERALD
POR: BRENDA MEDINA Y DOUGLAS HANKS
Dos inmigrantes indocumentados detenidos en Miami-Dade por conducir sin licencia han demandando al Condado por entregarlos a las autoridades de inmigración bajo un cambio de política del 2017 para evitar un castigo del gobierno del presidente Donald Trump a las llamadas ciudades santuario.
Los inmigrantes que presentaron la nueva demanda federal —que no los identifica— se unieron a grupos de inmigración en una amplia denuncia de la política implementada por el alcalde Carlos Giménez días después que Trump asumió el cargo y ordenó a las agencias federales que retuvieran fondos a los gobiernos estatales y locales que no cooperen con las autoridades de inmigración.
Miami-Dade fue categorizada como una jurisdicción santuario para infractores de las leyes de inmigración durante el gobierno del presidente Barack Obama debido a la política del Condado de rechazar las solicitudes de detención del gobierno federal. Estas solicitudes, llamadas detainers, mantienen detenidos durante 48 horas adicionales, más fines de semanas y días feriados, a personas arrestadas bajo cargos locales no relacionados con inmigración, para dar a las autoridades de inmigración tiempo para tomarlos bajo su custodia.
La nueva demanda, presentada por los codemandantes We Count! y la Florida Immigrant Coalition, se une a una impugnación nacional de la política federal de detainers, a la vez que trata de restar fuerza al argumento de la administración de Giménez de que esas detenciones fortalecen la seguridad pública. La demanda indica que los dos demandantes entraron al sistema jurídico de Miami-Dade por infracciones de tráfico y terminaron bajo custodia federal para ser deportados.
La primera demandante es identificada como “C.F.C.” en documentos del tribunal y se la describe como madre de ocho hijos y miembro de WeCount!, un grupo defensor de los inmigrantes, y propietaria de un negocio local de frutas y vegetales. La mujer fue arrestada el 12 de mayo después de un accidente menor de tráfico en el estacionamiento de un B.J.’s en Homestead.
La demanda indica que los ocupantes del otro vehículo involucrado en el accidente le gritaron “¡Regresa a México!” a la mujer, quien estaba con su hijo más pequeño, de 5 años, y una hija embarazada. La Policía de Homestead llegó y arrestó a la mujer por conducir sin licencia.
La familia de la mujer pagó la fianza ese mismo día, pero el Departamento de Prisiones de Miami-Dade la retuvo 48 horas hasta que agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) la recogieron el 14 de mayo, expresa la demanda.
El Nuevo Herald entrevistó el lunes al marido de la demandante identificada como C.F.C., en su casa al sur del condado Miami-Dade.
Andrés, quien pidió ser identificado solo por su primer nombre porque él también es indocumentado, reconoció que al conducir sin licencia su pareja se arriesgaba a ser detenida por la policía. Pero dijo que a las personas indocumentadas no les queda otra opción.
“Es una obligación, una necesidad manejar. Uno tiene que llevar los hijos a la escuela, tiene que salir a comprar la comida, tiene que salir a trabajar”, declaró Andrés, quien ha vivido con la demandante por nueve años. La pareja tiene tres hijos menores nacidos en Estados Unidos.
“Por aquí ni pasa el autobús”, dijo.
La familia vive en una casa móvil ubicada al final de un camino de tierra, en medio de un terreno agrícola donde plantan, calabazas, espinacas, plátanos y otras verduras. Tienen una pequeña empresa de venta de vegetales a bodegas locales, y emplean a cuatro personas.
Al igual que la mayoría de estados del país, la Florida no permite a los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir.
El otro demandante es identificado como “S.C.C.,” y es descrito le describe como un hombre dueño de una compañía de jardinería que llevaba 15 años operando en el sur de la Florida. El negocio, que empleaba a una docena de personas, cerró después del arresto del demandante el 6 de junio tras una parada de tráfico por conducir con la licencia suspendida.
La demanda expresa que Miami-Dade no liberó al acusado antes del juicio porque el ICE había emitido una solicitud de retención. El hombre se presentó el 16 de julio ante el tribunal para responder al cargo por la licencia y un juez le fijó una fianza de $2. El 20 de julio pagaron la fianza, pero Miami-Dade no lo liberó, según la demanda. Un abogado de los demandantes dijo el lunes que “S.C.C.” fue recogido por autoridades de inmigración durante el fin de semana.
En febrero del 2017, comisionados de Miami-Dade apoyaron la directiva del alcalde Giménez a las cárceles locales, que entonces volvió a su política anterior al 2013 de aceptar todas las solicitudes de retención. Después del cambio de política del 2017, Miami-Dade estaba deteniendo a aproximadamente una persona al día bajo la nueva norma, y la demanda indica que más de mil personas han quedado detenidas por las solicitudes de retención.
La demanda alega que las solicitudes son inconstitucionales porque provocan que alguien quede detenido después que de otra manera lo hubieran liberado por los cargos penales que llevaron al arresto. Los demandantes quieren convertir la demanda en colectiva, para que potencialmente represente a todas las personas que han quedado detenidas por las solicitudes de retención.
La oficina de comunicaciones del condado Miami-Dade no hizo declaraciones sobre la demanda, el lunes.
Andrés, el marido de la demandante identificada como C.F.C., dijo que su pareja decidió unirse a la demanda con la esperanza de que ayude su caso y el de otras personas en una situación similar.
“Hay mucha gente que esta pasando por lo mismo que nosotros o que ahora andan muertos del miedo de que les pueda pasar”, dijo. “Esperamos que de esto salga algo bueno”.
Desde que su esposa fue detenida, Andrés solo ha hablado con ella por teléfono. No la visita al centro de detención para inmigrantes BTC, en Pompano Beach, por temor a también ser detenido. Les ha pedido a amigos de la familia que lleven a sus hijos menores a ver a la madre.
De acuerdo con una copia de la demanda, C.F.C., llegó a Estados Unidos con un hijo de 15 años, buscando refugió de una relación abusiva. Andrés explicó que su esposa cruzó la frontera hacia Estados Unidos hace casi 15 años y fue brevemente detenida por las autoridades, quienes iniciaron un proceso legal en el sistema de inmigración.
La mujer eventualmente terminó en Florida, donde la esperaba un amigo de su familia. Pero nunca recibió en su nueva dirección las notificaciones para presentarse al tribunal de inmigración para continuar su caso, por lo que pesa una orden de deportación en su contra.
Según la queja legal, otro hijo de la demandante fue asesinado tras ser deportado al país natal de la familia, en Centroamérica.
“No puedo ni pensar que puede pasar si a ella la deportan”, dijo Andrés. “Sería muy dificil, sobre todo por los niños”.